Abogado de Amenazas y Coacciones en Murcia
Defensa penal y acusación particular en delitos de amenazas y coacciones en Murcia. Del Saz & Hernández Abogados.
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Defensa penal y acusación particular en delitos de amenazas y coacciones en Murcia. Del Saz & Hernández Abogados.
Las amenazas y las coacciones son delitos contra la libertad personal que generan una situación de temor e inseguridad en quien los sufre. Si ha sido víctima de amenazas o coacciones, o si se enfrenta a una acusación por estos delitos, necesita un abogado penalista que conozca los tipos penales, las penas aplicables y las estrategias procesales más eficaces. En Del Saz & Hernández Abogados le ofrecemos asesoramiento especializado ante los juzgados de Murcia.
Tipos penales de amenazas en el Código Penal
El Código Penal distingue varias modalidades de amenazas en función de su gravedad y de las condiciones en que se profieren. Las amenazas de un mal constitutivo de delito —amenazas graves— se regulan en los artículos 169 y 170 del Código Penal y se castigan con penas de prisión de uno a cinco años cuando se dirigen contra la persona o su familia. Si el mal amenazado no constituye delito, estamos ante amenazas del artículo 171, con penas inferiores.
Las amenazas condicionales, aquellas en las que se exige a la víctima que haga u omita algo a cambio de no ejecutar el mal anunciado, presentan un mayor desvalor y se castigan con penas agravadas. Cuando la condición consiste en una cantidad económica, el tipo penal se asimila a la extorsión.
Coacciones: obligar a hacer lo que la ley no exige
El delito de coacciones, previsto en el artículo 172 del Código Penal, castiga a quien, sin estar legítimamente autorizado, impida a otro con violencia hacer lo que la ley no le prohíbe, o le obligue a efectuar lo que no quiere. La violencia puede ser tanto física como de otra naturaleza, incluyendo la vis compulsiva o la intimidación ambiental.
La jurisprudencia ha ido ampliando el concepto de violencia en las coacciones, admitiendo supuestos como el cambio de cerraduras de la vivienda, el corte de suministros o la imposición de condiciones abusivas mediante presiones sistemáticas. Lo determinante es que la conducta del autor sea idónea para doblegar la voluntad de la víctima.
Amenazas y coacciones en el ámbito doméstico y de pareja
Cuando las amenazas o coacciones se producen en el ámbito de las relaciones de pareja o familiares, la calificación penal y la competencia jurisdiccional pueden variar. Las amenazas leves a quien sea o haya sido pareja sentimental se castigan con pena de prisión de seis meses a un año conforme al artículo 171.4 del Código Penal, y las coacciones leves en este ámbito se castigan igualmente con prisión de seis meses a un año según el artículo 172.2.
Estos procedimientos se tramitan ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer y llevan aparejadas medidas cautelares como la orden de alejamiento o la prohibición de comunicación.
Prueba en los delitos de amenazas y coacciones
La prueba en estos delitos presenta particularidades relevantes. Con frecuencia, las amenazas se profieren de forma privada, sin testigos, lo que convierte la declaración de la víctima en la prueba principal. La jurisprudencia exige que esta declaración sea creíble, verosímil y persistente para poder fundamentar una condena.
No obstante, en la actualidad muchas amenazas se realizan a través de medios electrónicos: mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de voz. Estos soportes constituyen una prueba documental de gran valor, siempre que se aporten al procedimiento con las debidas garantías de autenticidad e integridad. Nuestro despacho asesora sobre la correcta obtención y conservación de estas evidencias digitales.
Denuncia y acusación particular por amenazas
Si ha recibido amenazas o ha sido objeto de coacciones, es fundamental interponer denuncia cuanto antes. La denuncia no solo pone en marcha la acción de la justicia, sino que también permite solicitar medidas de protección como la orden de alejamiento. Personarse como acusación particular le otorga un papel activo en el procedimiento: podrá proponer pruebas, participar en las diligencias de instrucción y reclamar la indemnización por el daño moral sufrido.
En Del Saz & Hernández Abogados le acompañamos en todo el proceso, desde la redacción de la denuncia hasta la celebración del juicio oral, asegurando que sus derechos queden plenamente garantizados.
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