Abogado de Delitos Económicos en Murcia
Asesoramiento penal especializado en delitos socioeconómicos y contra el patrimonio empresarial. Del Saz & Hernández Abogados.
Plaza de la Fuensanta, 2, 3º B-1
Ed. Hispania, 30008 Murcia
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Asesoramiento penal especializado en delitos socioeconómicos y contra el patrimonio empresarial. Del Saz & Hernández Abogados.
Los delitos económicos comprenden un amplio abanico de conductas que afectan al orden socioeconómico, al patrimonio empresarial y a la Hacienda Pública. Su complejidad técnica exige abogados con conocimientos tanto jurídicos como contables y financieros. En Del Saz & Hernández Abogados ofrecemos defensa penal y acusación particular en procedimientos por delitos económicos ante los juzgados de Murcia, con un enfoque riguroso y orientado a resultados.
Administración desleal y abuso de funciones societarias
El delito de administración desleal, regulado en el artículo 252 del Código Penal, castiga a quien, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, las ejerza excediéndose en su ejercicio y causando un perjuicio al patrimonio administrado. Es frecuente en el ámbito societario: administradores que realizan operaciones perjudiciales para la sociedad, desvían fondos o asumen riesgos injustificados con el patrimonio social.
La delimitación entre una mala gestión empresarial y una conducta penalmente relevante requiere un análisis pormenorizado de la documentación societaria, las actas de los órganos de gobierno y los movimientos financieros. Nuestro equipo trabaja con peritos contables para construir una prueba sólida, tanto en la defensa como en la acusación.
Insolvencia punible y alzamiento de bienes
El alzamiento de bienes consiste en ocultar, enajenar o gravar el patrimonio con el fin de eludir el pago de deudas. Se trata de un delito de intención: lo relevante no es que el deudor carezca de bienes, sino que haya actuado deliberadamente para frustrar las legítimas expectativas de cobro de sus acreedores. El artículo 257 del Código Penal prevé penas de prisión de uno a cuatro años y multa.
Las insolvencias punibles en el contexto concursal —artículos 259 y siguientes— sancionan conductas como la ocultación de activos, el reconocimiento de créditos ficticios o la realización de actos de disposición patrimonial en perjuicio de la masa activa. La coordinación entre el procedimiento concursal y el penal es un aspecto que requiere especial atención procesal.
Blanqueo de capitales y origen ilícito de fondos
El delito de blanqueo de capitales, tipificado en el artículo 301 del Código Penal, castiga la adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes sabiendo que tienen su origen en una actividad delictiva, así como la realización de cualquier acto para ocultar su origen ilícito. Las penas pueden alcanzar los seis años de prisión, y se agravan cuando los bienes proceden de delitos de narcotráfico, corrupción o contra la Hacienda Pública.
La defensa en estos casos requiere analizar la trazabilidad de los fondos, la documentación bancaria y la posible aplicación de la doctrina del autoblanqueo, que presenta cuestiones jurídicas complejas y sobre las que existe abundante jurisprudencia.
Delito fiscal y fraude contra la Hacienda Pública
Defraudar a la Hacienda Pública, estatal, autonómica, foral o local, en una cuantía superior a 120.000 euros constituye delito fiscal conforme al artículo 305 del Código Penal. Las penas incluyen prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuota defraudada, además de la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o beneficios fiscales.
La regularización voluntaria antes del inicio de actuaciones inspectoras puede eximir de responsabilidad penal, pero debe realizarse de forma completa y dentro de los plazos legales. Asesoramos tanto en la prevención como en la defensa frente a procedimientos ya iniciados.
Falsedad documental y apropiación indebida
La falsedad en documento mercantil o privado y la apropiación indebida son delitos que frecuentemente acompañan a las infracciones económicas más complejas. La manipulación de facturas, la alteración de contratos o la apropiación de cantidades recibidas en depósito o comisión requieren una prueba pericial caligráfica o informática que acredite la autoría y la alteración documental.
En Del Saz & Hernández Abogados abordamos estos procedimientos con un enfoque integral, analizando la totalidad de la operativa económica para identificar tanto las posibles responsabilidades como las vías de defensa más efectivas.
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